viernes, 4 de enero de 2013

Entre desperdicios y basura política

Cada vez, se oye con más fuerza la iniciativa de revocatoria del mandato del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La iniciativa, se fundamenta en lo que muchos consideran una incapacidad del funcionario para administrar la ciudad, en especial, por el polémico tema del modelo de basuras que se inicio el 18 de diciembre y lo tiene en el ojo del huracán. La propuesta va en marcha, al punto que ya se radicó la solicitud en la Registraduría y se esperan recoger 290 mil firmas para que se convoque a la ciudadanía a votar sobre la continuidad del Alcalde.

Para sus críticos, la censura más grave es la falta de capacidad para administrar y manejar los problemas gruesos de la ciudad, que van desde la movilidad, hasta el manejo de basuras. Se le reprocha no tener un equipo de trabajo estable y confiable y su improvisación a la hora de aplicar sus políticas públicas, así como su terquedad en la toma de decisiones. Pero esto, ha sido suficiente para que los ciudadanos quieran revocar su mandato. Sus problemas, en general, han sido ajenos al tema de corrupción. Por el contrario, fue Petro quien destapó los grandes problemas de carruseles de contratación que estaban desangrando a la ciudad. 

Por otro lado, no sucede lo mismo con el Congreso de la República. De acuerdo con el Índice de Transparencia Nacional -ITN, del periodo 2008-2009 (ver aquí), la Cámara de Representantes tiene un nivel de transparencia del 58,2% y el Senado de la República un nivel de transparencia del 21,2%, siendo el órgano nacional con más alto riesgo de corrupción. Estos datos, coinciden con los emitidos por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID-, que analiza como indicador de gobernabilidad el “Confidence in Congress”, es decir, el porcentaje de personas que tienen confianza en el órgano legislativo. Los resultados de la estadística muestran que, en Colombia, solo el 28% de los encuestados tienen confianza en este organismo (ver aquí).

Pese a lo preocupante de las cifras, las personas no muestran mayor interés en el control social de sus gobernantes del Congreso. Muy pocas, además de fugaces, han sido las iniciativas para que los ciudadanos ejerzan el control político-social sobre los funcionarios del Legislativo. La más reciente propuesta, consiste en realizar una reforma mediante referendo, que permita a los ciudadanos revocar el mandato de los congresistas, ya que, legalmente, la figura solo se contempla para alcaldes y gobernadores. No obstante, la propuesta no ha tenido mayor eco en las noticias y tampoco ha tenido mayores adeptos.

En el caso concreto de Bogotá, pese a los bajos niveles de confianza en la Cámara de Representantes y por consiguiente, el alto riesgo de corrupción de esta organismo, los ciudadanos no consideran la posibilidad de revocar el mandato o ejercer cualquier otro mecanismo de participación ciudadana para el control social de aquellos Representantes que participaron en temas polémicos como la vergonzosa reforma a la Justicia, la reforma al fuero militar o la reciente reforma tributaria. Aunque son de público conocimiento los escándalos de corrupción que han rodeado estas reformas en el Congreso, esto no parece prender las alarmas de los electores. 

Pero hay un dato aún más extraño y diciente. De acuerdo con la última encuesta de Invamer Gallup, la impopularidad del Alcalde Petro es de un 68%, siendo incluso mayor a los niveles de impopularidad que alcanzó el ex mandatario Samuel Moreno, hoy sancionado por la Procuraduría e investigado por la Fiscalía por su supuesta participación en el escabroso caso del carrusel de la contratación.

De acuerdo a lo anterior y, haciendo un análisis básico de preferencias, se puede afirmar que los bogotanos prefieren un Congreso corrupto que una ciudad con residuos de basura. En otras palabras, no importa que el clientelismo y la politiquería carcoman la democracia, siempre y cuando puedan salir a la calle sin ver los desperdicios que ellos mismos ayudaron a generar. Prefieren la basura política sobre sus propios desperdicios.